Piura necesita recuperar una política de promoción de la minería formal y mejorar la gestión de los recursos provenientes del canon y la tributación minera, sostuvo Iván Arenas, gerente de Diálogo Social y especialista en minería e hidrocarburos, durante una entrevista con Walac Noticias. El especialista consideró que la región tiene oportunidades para atraer inversiones y generar desarrollo económico, siempre que se fortalezcan la fiscalización y la prevención de conflictos sociales.
Arenas señaló que el desafío para Piura no solo está en promover nuevas inversiones, sino también en garantizar que los recursos generados por la actividad extractiva se traduzcan en obras y servicios con impacto directo en la población.
Minería ilegal requiere una estrategia territorial
El especialista sostuvo que enfrentar la minería ilegal demanda una estrategia integral que supere los operativos aislados. Para ello, planteó fortalecer la coordinación entre el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, además de dotar a estas instituciones de mayores recursos y capacidades humanas.
Asimismo, cuestionó los resultados del proceso de formalización minera y advirtió sobre el uso del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para camuflar, según indicó, producción ilegal dentro de actividades informales o en proceso de formalización.
Ante una eventual ampliación del registro, consideró necesario realizar una depuración y reforzar los mecanismos de fiscalización. También propuso fortalecer el control sobre las plantas de procesamiento y aplicar una estrategia territorial que permita intervenir los corredores económicos vinculados a la minería ilegal.
Piura debe facilitar inversiones mineras formales
Respecto a la región, Arenas planteó que Piura debe impulsar una política activa de promoción de inversiones mineras formales, acompañada de medidas destinadas a reducir trabas administrativas y prevenir escenarios de conflictividad social.
El especialista destacó que la minería formal genera tributación y canon, además de dinamizar actividades económicas vinculadas a proveedores, empleo y servicios. En ese sentido, consideró que una mejor gestión de estos recursos permitiría convertir los ingresos provenientes de la actividad extractiva en infraestructura y servicios públicos que contribuyan al desarrollo regional.
También resaltó la experiencia de las empresas mineras formales para establecer alianzas con el Estado y otros sectores productivos, como la agricultura, con el objetivo de impulsar iniciativas que permitan un desarrollo sostenible de los territorios.
Fiscalización regional debe acompañar promoción de inversiones
Arenas advirtió que la minería ilegal también puede generar riesgos para los proyectos formales cuando ocupa concesiones o desarrolla actividades en zonas vinculadas con operaciones mineras. Esta situación, señaló, puede incrementar los escenarios de conflictividad y afectar la seguridad de las inversiones.
Por ello, consideró que el Gobierno Regional de Piura debe contribuir, dentro de sus competencias, a prevenir conflictos y fortalecer las labores de fiscalización. La promoción de inversiones, sostuvo, debe estar acompañada de una institucionalidad capaz de garantizar el cumplimiento de las normas y proteger las actividades económicas formales.
El especialista planteó finalmente que Piura debe avanzar en dos frentes paralelos: recuperar la promoción de inversiones mineras formales y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos generados por la actividad extractiva. Una adecuada gestión del canon y la tributación minera, afirmó, permitiría que los beneficios económicos del sector se traduzcan en mejores obras, servicios y oportunidades para la población.
